Campanitas y abejitas: El reclutamiento forzado de niños

“Tanto guerrillas como paramilitares y las fuerzas de seguridad reclutan
habitualmente a niños para el combate. “

“Los guerrilleros llaman a los niños combatientes “abejitas,” capaces de picar antes de que sus enemigos se den cuenta que están siendo atacados.”

“Los paramilitares los llaman “campanitas,” haciendo referencia
a su empleo como sistema de alarma.”

Human Rights Watch considera que la prohibición de la participación de niños en las hostilidades no debe limitarse a la participación “directa”, sino que debe incluir la participación de menores en tareas de apoyo, dado que los niños que prestan estos servicios suelen participar directamente en las hostilidades posteriormente. Esto es especialmente cierto en el caso colombiano. Cabe señalar que el Protocolo II no limita sus restricciones a la participación “directa,” sino que exige a los combatientes que se abstengan de permitir que los niños participen de ninguna manera en las hostilidades. …pueden ser considerados combatientes y ser objeto de ataques, aunque no se encuentren en situaciones de combate.

Guerrilleros

Testimonio de niña guerrillera: “Un día me escapé durante el día. Había dejado todas mis armas atrás. Estaba haciendo centinela y me huí. Me cogieron después de una hora. Los milicianos me reconocieron, incluso con la ropa de civil que me había puesto. Lloré cuando me cogieron.

Les rogué que me dejaran ir. Me amarraron con una cadena de metal. No podía mover mis brazos. No me dejaron hablar en el consejo de guerra. Afortunadamente votaron por no matarme. En cambio me hicieron cavar veinte metros de trinchera, me mandaron veinte veces por la leña, y me amarraron a un palo por dos semanas.

Me tocó hablar al frente de todos explicándoles por qué había tratado de desertar, por qué había hecho ese error.”

Se considera que la UC-ELN es el grupo con más niños en sus filas en relación con su contingente total. Human Rights Watch recibió numerosos testimonios sobre niños combatientes de personas familiarizadas con la UC-ELN. Una de ellas nos dijo que es habitual ver una unidad con 15 mandos adultos dirigiendo hasta 65 niños soldados.

Las FARC y el EPL también cuentan con niños en sus filas. Aunque la edad oficial de reclutamiento en las FARC es 15 años, como señaló un portavoz del grupo en una entrevista, existen excepciones:

Hay áreas donde los niños piden insistentemente entrada a la guerrilla, pero también hay situaciones en donde las mismas madres llevan a sus hijos a la guerrilla desesperadas porque hay una situación de miseria en la población… “Es muy difícil contenerlos”.

“Se considera que la UC-ELN es el grupo con más niños en sus filas en relación con su contingente total.“

Con un estilo similar, el EPL niega que recluta a niños menores de 16 años. Sin embargo, el líder Francisco
Caraballo señaló que aceptan niños en sus filas si son familiares de militantes. Caraballo nos dijo que no se permite que estos niños participen en acciones militares.

No obstante, es posible que sus ocupaciones sean igualmente peligrosas. En un caso de abril de 1996, la Policía informó que había capturado a una muchacha de 15 años que presuntamente se dedicaba a recaudar el dinero extorsionado por el EPL a los comerciantes de Anserma, Caldas.
A pesar de estos desmentidos y salvedades, Human Rights Watch ha recibido abundante información que indica que los tres grupos guerrilleros siguen reclutando niños y los emplean como combatientes. Por ejemplo, las FARC han llevado incluso a cabo campañas de reclutamiento en escuelas de educación básica y en hogares de niños, y han prometido enviar un sueldo fijo a sus familias. Según la Defensoría en Cali, Valle del Cauca, “la guerrilla se ha presentado en las escuelas y viviendas de menores de edad ofreciéndoles a los niños ir a la guerra, empleando para tal efecto la descripción de historias sobre los combates y ofreciéndoles enrolarse en sus filas, a manera de aventura. A sus familiares, como en los casos adelante mencionados, les han ofrecido dinero y ventajas de seguridad a cambio de permitir el ingreso de sus hijos a la guerrilla.”
Mientras que es posible que algunos niños decidan voluntariamente unirse a la guerrilla, otros son reclutados por la fuerza. Consideramos que el reclutamiento forzado es una violación adicional del derecho interna-cional humanitario, dado que depende de las amenazas de combatientes contra civiles, prohibidas claramente en el artículo 4 (2) (h) del Protocolo II. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, el 14 por ciento de los niños guerrilleros que entrevistaron para el estudio dijeron que habían sido reclutados por la fuerza.
En regiones dominadas por las FARC, como el departamento de Guaviare, hemos recibidos informes creíbles que indican que los guerrilleros reclutan por la fuerza a niños de hasta 12 años de edad. Con frecuencia, las familias no denuncian el reclutamiento forzado de niños, por temor a las represalias.
Otros niños nacen prácticamente dentro de movimientos guerrilleros debido a que sus padres son militantes. Algunos de ellos, después de crecer junto a otras personas, son obligados a unirse a las unidades de sus padres.

Una muchacha de 14 años dijo a la Defensoría Pública que se había unido a la guerrilla con 12 años y que su madre le había llevado con el grupo. Una vez alistada, le obligaron a cocinar y llevar una escopeta. Cuando se negó a trabajar, la encarcelaron pero logró escapar.

Sin embargo, independientemente de cómo hayan llegado los niños a la guerrilla, los mandos tienen la obligación de evitar que no participen en el combate. Está claro que la guerrilla considera un elemento valioso a los niños. “Los muchachos son más intrépidos, tienen más valor para la guerra,” dijo a los investigadores de la Defensoría del Pueblo un comandante de la guerrilla. “Y aunque casi no se les da ningún tipo de responsabilidad, lo que se les encomienda lo hacen mucho mejor.”

Con frecuencia, se les encomienda a los niños la tarea de reunir información de inteligencia, construir e instalar minas y servir de fuerza de choque avanzada para emboscar a paramilitares, soldados o agentes de Policía de servicio en el puesto durante las patrullas…)

“Los niños van totalmente armados en el cumplimiento de estas tareas.”

Una ex guerrillera, reclutada a los 13 años, dijo a los investigadores de la Defensoría del Pueblo que había utilizado pistolas, AK-47, Galil, M-16, R-15, subametra-lladoras Uzi, Ingram y un Magnum 357. “En la organización, se tiene entendido que la vida de uno es el arma, es la mamá de uno, es la que ve por uno día y noche.” Las FARC utilizan a los niños para secuestrar y vigilar a rehenes. Una ex rehén de las FARC nos dijo que, durante el secuestro en manos del 361 Frente de las FARC, había sido vigilada por una muchacha de 15 años. Informó que muchos de los guerrilleros que había visto durante los tres meses de secuestro eran niños.

Los niños combatientes que logran escapar son considerados desertores y pueden ser sometidos a una ejecución inmediata. Si los guerrilleros creen que el menor ha suministrado información a las fuerzas de seguridad colombianas, se le castiga con la muerte. La madre de una muchacha, que escapó, intentó que su antiguo comandante le firmara un “acta de libertad” para distribuirla entre las unidades de la región, con el fin de garantizar que no matarían a su hija.

Hasta los niños que han sido capturados por las autoridades, condenados y albergados en centros de detención de menores corren el riesgo de ser asesinados. La Defensoría del Pueblo concluyó que, entre 1994 y 1996, el 13 por ciento de los niños condenados por pertenecer a grupos guerrilleros y encarcelados fueron asesinados durante la detención, al parecer por otros niños guerrilleros dentro de los mismos centros.
Un funcionario del gobierno dijo a los investigadores que prefería dejar “escapar” a estos niños detenidos para darles más posibilidades de protegerse. “Es mejor saber que ese niño o niña está vivo en algún lugar, que saber que por una medida nuestra fue asesinado.”

En enero de 1998, la UC-ELN organizó la liberación pública de cinco niños que, según el grupo, habían su-
ministrado información al Ejército utilizada para montar el ataque conjunto militarparamilitares a Media Luna, Cesar, mencionado en este informe.

Durante las negociaciones, la UC-ELN publicó una declaración en la que manifestaba su “interés” en la “desvinculación de los menores de la guerra” y añadía que la prohibición de su participación en el futuro sería una iniciativa importante para un posible acuerdo humanitario entre el gobierno de Colombia y los insurgentes. Como ya hemos señalado varias veces en este informe, no es necesario ningún acuerdo para que el derecho internacional humanitario se aplique a cualquiera de las partes; su aplicación es automática y tiene como fin proteger a la población civil, no servir a los intereses políticos de las partes en conflicto.

Fuerzas de seguridad

La Policía recluta a niños de hasta siete años como “pequeños patrulleros.” Como hemos señalado anteriormente, Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1991. En ese momento, Colombia presentó un comentario en relación con el artículo 38 y decidió voluntariamente aceptar que 18 años era la edad para definir la situación militar de los muchachos, ya fuera declarando su incapacidad para servir los 12 a 24 meses obligatorios o incorporándose al servicio militar.

Sin embargo, la Ley 48, aprobada dos años después, exigía a todos los varones colombianos que hubieran cumplido los 18 años o terminado el bachillerato que definieran su situación militar, invalidando en la práctica el compromiso internacional adquirido por Colombia. Los muchachos que finalizaban los estudios antes de cumplir 18 años tenían que declarar los motivos de su ineligibilidad para el servicio militar o presentarse para la conscripción en el servicio activo. De hecho, se incitaba abiertamente a los muchachos a que cumplieran el servicio militar dado que el período obligatorio para los menores de 18 años era hasta 12 meses menos que el de los varones adultos.

Después de que la Defensoría del Pueblo llamara la atención sobre esta contradicción, en lugar de cumplir su compromiso internacional, Colombia retiró su comentario y siguió reclutando niños, con la intención aparente de elevar el número de varones disponibles para el servicio militar. Sin embargo, tras las protestas generalizadas de padres de niños soldados, el Congreso aprobó la Ley 418 en 1997 por la que los muchachos no tenían la obligación de cumplir el servicio militar hasta que cumplieran 18 años.
No obstante, los muchachos menores de 18 años que decidan cumplir el servicio pueden hacerlo con el permiso de sus padres. La Ley 418 y una decisión de la Corte Constitucional de 1997 prohíben que los reclutas menores de 18 años sirvan en un escenario de guerra o en combate. Sin embargo, este es un argumento engañoso debido a que la gran parte de Colombia puede ser considerada como un potencial escenario de guerra y los menores son usualmente destinados a bases ubicadas en áreas donde hay combates. Cuando un investigador de la Defensoría del Pueblo visitó una base militar en Arauca en 1997, por ejemplo, reportó que los soldados estuvieron desactivando una bomba con dos soldados menores
cerca. Según las fuerzas armadas, en la actualidad, 7.685 niños sirven en la Policía Nacional, 7.551 en el Ejército Nacional, 338 en la Fuerza Aérea y 83 en las Armada, lo que supone un total de 15.657. De ellos, el 22 por ciento, 3.445 niños, tienen 15 o 16 años. Además, tanto el Ejército como la Policía han reclutado a niños para labores de promoción cívica, pero les han destacado en zonas de guerra uniformados, lo que los pone en grave peligro de ataque. La Policía recluta a niños de hasta siete años como “pequeños patrulleros” para participar en actividades relacionadas con la Policía. Aunque los cerca de 14.000 Policías Cívicos y 15.000 Policías Bachilleres están desarmados y se dedican sobre todo a dirigir el tráfico u otras actividades de seguridad pública, están uniformados, operan en zonas de guerra y están expuestos a los ataques.
El 13 de junio de 1998, la UC-ELN secuestró a 15 mujeres, entre ellas cinco niñas, pertenecientes al programa “Chicas de Acero” administrado por la Brigada XIV en Segovia, Antioquia. Según las informaciones aparecidas en prensa, las Chicas de Acero se dedicaban a labores de alfabetización, promoción de la salud y organización de eventos recreativos. Sin embargo, los guerrilleros las acusaban de estar armadas y uniformadas, y de realizar labores de inteligencia para los soldados.

Claramente, el Ejército tiene la facultad de organizar programas de promoción cívica; sin embargo, al destacar a niños en una zona de guerra altamente conflictiva, los exponen innecesariamente al peligro y desdibujan la línea que distingue a los civiles de los combatientes.

Los niños también sirven en las fuerzas de seguridad al cambiar de bando, de la guerrilla a las filas del Ejército. Según la Defensoría del Pueblo, el Ejército ha capturado o aceptado la entrega de niños sospechosos de pertenecer a la guerrilla, a los que ha empleado posteriormente como guías e informantes. Esta práctica viola los derechos de los niños por varias razones. Los niños enfrentan serias represalias de sus antiguos camaradas por el hecho de trabajar como informantes. También, están coaccionados o amenazados por el Ejercito, una forma del reclutamiento forzado. Con frecuencia, los oficiales de las fuerzas de seguridad, en especial del Ejército, se dedican simplemente a no entregar a los niños a las autoridades judiciales competentes y los mantienen en los cuarteles militares. La Defensoría del Pueblo entrevistó a niños que habían sido obligados a patrullar con las tropas, participar en el combate, reunir información de inteligencia y desactivar minas.

En 1997, CREDHOS informó que un muchacho de 14 años y otro de 16, detenidos por soldados del Batallón Los Guanes el 5 de mayo, habían sido obligados a ponerse el uniforme, encapucharse y ejercer de informantes durante registros de casas. Los dos fueron entregados posteriormente a las autoridades competentes.

Otros niños guerrilleros permanecen en cuarteles militares en virtud de la Ley 81, que permite al Ejército mantener a personas condenadas de terrorismo recluidas en cuarteles si ejercen de informantes y guías. Durante la misión de 1996 de Human Rights Watch a Colombia, nos presentaron a cuatro niños que vivían en la base de la Batallón Nueva Granada. Esto es ilegal, dado que los niños son inimputables en Colombia y por lo tanto no pueden ser enjuiciados ni encarcelados. Al contrario, a partir de los 12 años, los niños deben ponerse a disposición de un juez de menores, que decide entregarlos a la familia o exigir que sean albergados durante un período de tiempo en un centro para menores del gobierno. De los niños más pequeños se ocupa el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dependiente del gobierno.
El Ejército también a obligado a ex guerrilleros menores de edad a aparecer ante la prensa y recitar un testimonio preparada para desacreditar a la guerrilla. En el informe de la Defensoría del Pueblo, una niña de 15 años que se había entregado a los soldados dijo a los investigadores que era necesario colaborar para que la pusieran finalmente en libertad. “Al otro día me presentaron a la prensa, me dijeron que tenía que decir cosas malucas, que me habían obligado a irme, que los mandos me obligaban a acostarme con ellos… nada de eso es cierto, pero ellos me dijeron que si no decía eso, me llevarían los demonios.” En el informe seseñalaba que, en este caso, el Ejército obligó además a la muchacha a hablar con los periodistas contra su voluntad, que le tomaron fotos y publicaron su nombre, poniéndola gravemente en peligro.

Paramilitares

“Se han visto niños de hasta ocho años patrullando con unidades paramilitares en la región del Magdalena Medio.”

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, algunas unidades paramilitares cuentan hasta con un 50 por ciento de niños. Un ex paramilitar menor de edad entrevistado por la Defensoría del Pueblo dijo que le habían reclutado por la fuerza cuando tenía 9 años. Durante el período de servicio, no tuvo comunicación con sus padres.

“Allá había más niños como yo, unos 11, de mi misma edad. Otros cinco tenían entre 10 y 15 años. Todos
estábamos por dos años.”
Se han visto niños de hasta ocho años patrullando con unidades paramilitares en la región del Magdalena Medio.

Los residentes de esa región dijeron a los investigadores de la Defensoría del Pueblo que los paramilitares consideran el servicio obligatorio, y que éste puede durar hasta dos años. Las familias que se niegan a colaborar se arriesgan a ser consideradas simpatizantes de la guerrilla y atacadas.

“Si no entregan a sus hijos para el servicio, tienen que salir del área o arriesgarse a morir,” dijo a Human Rights Watch un trabajador social de la región del Chucurí.

Otros niños están utilizados como fuerzas en reserva, para hacer espionaje, y para patrullar sus regiones de origen. Niñas enfrentan riesgos especiales según la Defensoría del Pueblo, cuyos investigadores se entrevistaron con niñas que decían que había un alto nivel de abuso sexual por parte de los paramilitares adultos.

A pesar de las pruebas abundantes que demuestran lo contrario, los paramilitares organizados dentro de las AUC han desmentido el reclutamiento de niños.