Informe especial de la Corporación Derechos Humanos y Enseñanza Activa LA DHEA Capítulo Ecuador, miércoles 10 de septiembre de 2008, Cantón Montecristi

Actividad paramilitar en Montrecristi, sede de la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador

I. CONTEXTO NACIONAL

El pueblo ecuatoriano está siendo víctima de una de la arremetida del paramilitarismo colombo-ecuatoriano, lo cual se ve reflejado en los índices de secuestro en el Ecuador. Líderes sociales han sido víctimas de amenazas, desplazamientos forzados, pillaje, torturas, atentados, secuestros y asesinatos por parte de los grupos armados de la derecha ecuatoriana que operan con la participación directa, y/o anuencia de la fuerza pública y nexos con la mafia colombo-ecuatoriana y partidos políticos de ultra derecha de ambos países. Varios líderes sociales victimizados le han comunicado al enviado especial de LA DHEA, Nelson Ñustes, que se han visto obligados a desplazarse de sus lugares de residencia o incluso a exiliarse fuera del país.

II. DEFINICIÓN DE PARAMILITARISMO:

“Acciones armadas fuera de orden, realizadas por personal civil, con el apoyo, complicidad o anuencia de miembros del Estado o la fuerza pública”

III. CASO COMUNIDAD RURAL SAN ELOY, MONTECRISTI.

En la ciudad sede de la Asamblea Nacional Constituyente un grupo paramilitar llevó a cabo incursiones violentas armadas, retenciones y pillaje contra la población indefensa. Estas acciones se realizaron en conjunto con la Policía Nacional. Un agravante de los abusos cometidos contra la comunidad rural de San Eloy es el hecho de que algunos de los paramilitares vestían prendas camufladas de uso privativo de la fuerza pública ecuatoriana (ver video www.ladhea.org www.trixel.ws/ladhea/ www.aterciopelados.com ). Y el hecho de que el pillaje y los hurtos que se llevaron a cabo durante la arremetida paramilitar hayan sido auspiciados por la misma fuerza pública y, el uso, por parte de los civiles agresores, de armas de uso privativo de la Policía Nacional.

IV. POLICÍAS SOBORNADOS CON PROMESAS DE ADJUDICACIÓN DE CASAS PARA ELLOS

El 21 de Julio, justo un mes antes de la arremetida paramilitar, un grupo de policías de Manta se hicieron presentes en la comunidad rural de San Eloy, amenazando a los pobladores con tumbarles sus viviendas y granjas. Cuando Alexandra Palma, profesora de la escuela comunitaria, le dijo a los policías que la edificación que ellos estaban amenazando destruir era la escuela comunitaria, el agente GERARDO FARFÁN respondió que ese predio estaba destinado para un condominio para miembros de la Policía Nacional, que ese no era el sitio San Eloy sino la “Urbanización San Rafael de la Policía Nacional”. El Diario El Mercurio, de la ciudad de Manta, publicó en su edición del jueves 29 de mayo del presente año el siguiente artículo: “La Compañía Agrícola Linda Grace S.A., propietaria de la Urbanización Progresiva de Interés Social San Rafael, donará tres hectáreas de terreno a la Policía del cantón para que se construya un cuartel policial o un complejo deportivo….” PRENSA LOCAL TAMBIÉN FUE MANIPULADA CON OFERTAS DE ADJUDICACIÓN DE TIERRAS El artículo del Diario El Mercurio continúa: “….La urbanización Progresiva de interés social San Rafael está ubicada en el sitio Los Corrales del cantón Montecristi, allí también anuncian hacer su ciudadela los socios del Círculo de Periodistas Deportivos de Ecuador, extensión Manabí.”

V. INCUMPLIMIENTO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Al día siguiente, el 22 de julio, 30 pobladores hicieron presencia en el Departamento de Planeamiento Urbano del Cantón Montecristi, llevando con ellos las escrituras de sus predios y los recibos de pago del impuesto predial. Los encargados del Municipio les dijeron a los pobladores presentes que el día siguiente, o sea, el 23 de julio, harían presencia en la comunidad rural de San Eloy para determinar o verificar los linderos, pero nunca se aparecieron en el lugar.

VI. HECHOS DENUNCIADOS POR LA COMUNIDAD RURAL DE SAN ELOY

El día 21 de agosto de 2008 hace presencia en la Comunidad Rural de “San Eloy”, integrada por 40 familias, Cantón Montecristi, un grupo paramilitar conformado por alrededor de 35 hombres, algunos de ellos portando armas de fuego, al parecer “contratados” por los abogados Boris Agustín Solórzano de la ciudad de Guayaquil y Freddy Campusano de la ciudad de Manta, Miguel Zambrano Alava y el ingeniero Pinela, estos dos últimos trabajadores de la Empresa Eléctrica de Manta. De la cuadrilla paramilitar hacía parte el señor José García y sus hijos, provenientes de la Parroquia de Ayacucho cantón Santa Ana, Galo Palma alias “Cubo” entre otros, en su mayoría identificados por los pobladores por tener antecedentes penales y/o ser acusados por ser miembros de las pandillas locales, que como es del dominio de la población, funcionan a su vez como empresas de sicariato y paramilitarismo al servicio de la mafia organizada y la ultra derecha manabita. Estas empresas sicariales son responsables de la comisión de delitos como asesinato, hurto y tráfico de estupefacientes. Para sorpresa de la comunidad, la acción paramilitar estaba acompañada por un grupo de aproximadamente 30 agentes de la Policía de Manta y por disposición del Coronel Edison Barrera.

VII. GOBERNADOR DE MANABÍ VICENTE VÉLIZ DICE NO TENER AUTORIDAD PARA IMPEDIR EL APOYO DE LA POLICÍA A LA ACCIÓN PARAMILITAR

Los agresores dijeron estar cumpliendo órdenes del gobernador de Manabí Vicente Véliz (ver video www.ladhea.org www.trixel.ws/ladhea/ www.aterciopelados.com ). Ese mismo día, en las horas de la tarde, los pobladores logran comunicarse con el gobernador, quien negó su participación en los hechos, pero dijo no tener autoridad para impedir el apoyo de la Policía Nacional a la acción paramilitar que se estaba llevando a cabo. Cabe anotar que según las leyes ecuatorianas los gobernadores son la máxima autoridad de la fuerza pública de sus provincias y representantes directos del gobierno nacional. Y, de no ser así, se le diga a la opinión pública quien es esa autoridad, con el fin de que la población sepa a quien recurrir en casos de urgencia. Ante la falta de autoridad del gobernador y, por lo tanto la pérdida del Estado de Derecho en Manabí, los pobladores de la comunidad rural de San Eloy quedaron a expensas de la arremetida paramilitar, que contó todo el tiempo con el apoyo de la Fuerza Pública.

VIII. JUEVES 21 DE AGOSTO:

La agresión da comienzo con la incursión en el predio del señor Fabián Maldonado. Inmediatamente procedieron al derribamiento de su vivienda con todas sus pertenencias y enseres dentro, el centro recreacional comunal, la quema de sus pequeñas granjas avícolas y el hurto de pollos y patos, (ver video www.ladhea.org ), sin contar las más de 100 aves que murieron en el fuego. Las pertenencias del señor Maldonado que no habían sido destruidas o quemadas fueron saqueadas, incluyendo material de construcción y hasta un auto antiguo que estaba parqueado en la entrada de la vivienda. El total de viviendas derribadas en esa jornada fue de 11, en su mayoría con todos los enseres y bienes dentro. La policía acampó esa noche, junto con los paramilitares, en el predio del señor Maldonado.

IX. VIERNES 22 DE AGOSTO:

A las 10 de la mañana la agresión da comienzo con el intento de derribamiento de la cerca de la Escuela Comunal, pero la comunidad y padres de familia de los estudiantes formaron un círculo alrededor de la construcción impidiendo su destrucción. La comunidad fue víctima del brutal ataque de los agentes de policía que estaban apoyando la acción paramilitar. Fueron arrastrados salvajemente el señor Segundo Forti de 62 años de edad, la señora Jackeline Palma de 42 años de edad, y el señor Pablo Cornejo de 56 años de edad. La señora Esperanza Hugo de 66 años de edad fue agredida a puntapiés y lanzada al piso. Entre los otros pobladores agredidos se encontraba la señora Nila Zamora con cuatro meses y medio de embarazo. En esa jornada también se produjo la retención ilegal del poblador Pablo Cornejo, quien es coordinador del Tribunal constitucional Santa Elena y Santo Domingo de los Tsachilas. El señor Cornejo fue llevado a los calabozos de la Policía en Manta. Al derribar la casa de la señora Fátima Montanero la pobladora se encontraba dentro de la vivienda y el ingeniero Pinela, uno de los hombres que, presumiblemente son contratantes del grupo paramilitar, subido en la pala de la máquina demoledora le lanzó una bomba lacrimógena, arma de uso privativo de la Policía, al cuarto donde se encontraba la señora Montanero. El total de casas derribadas en esa jornada fue de 4, más la destrucción de maquinarias para la fabricación de tubos de cemento, de propiedad del señor Luis Mora.

X. AMENAZAS DE MUERTE A LOS POBLADORES POR PARTE DEL GRUPO PARAMILITAR

Cuando dirigieron la demoledora a la vivienda del señor Segundo Forti, de 62 años de edad, el poblador gritaba desde adentro que él no iba a salir de la casa donde había vivido por mas de 20 años, a lo cual respondieron los paramilitares que si no salía lo iban a matar. Dieron inicio al derrumbe de la casa, estando el poblador aún dentro de la vivienda y, al mismo tiempo, cuatro de los paramilitares ingresaron a la vivienda y lo golpearon fuertemente en la cabeza y en la espalda, lo sometieron y lo arrastraron por aproximadamente 15 metros y continuaron con el derribamiento de la vivienda y la cerca. Así mismo la profesora de la Escuela Comunitaria, Alexandra Palma, recibió amenazas por parte de un miembro del grupo paramilitar.

XI. PRESENCIA DE ASAMBLEISTA IMPIDE LA CONTINUACIÓN DE LA ACCIÓN PARAMILITAR

En las horas de la tarde de ese mismo viernes 22 de agosto hace presencia en la comunidad el Asambleísta por Alianza País Trajano Andrade e inmediatamente el contingente paramilitar se repliega al predio del señor Maldonado. Después de que el Asambleísta habla con el Capitán Favari Montalvo y le dice (lo mismo que los pobladores le habían dicho a la Policía todo el tiempo) que esas acciones estaban fuera de orden por no haber una orden judicial que ordenara su ejecución, el contingente policial abandona la comunidad rural.

XII. 23 Y 24 DE AGOSTO

En la madrugada del 23 de agosto los paramilitares queman las 3 últimas granjas avícolas del señor Maldonado y abandonan el lugar. El 24 de agosto hace presencia de nuevo el grupo paramilitar y, además de hurtar el transformador del predio del señor Maldonado cortan los cables de alta tensión que surten los transformadores, dejando a la comunidad sin fluido eléctrico por más de 24 horas.

XIII. PARAMILITARES RETIENEN A PERITO ACREDITADO POR LA FISCALÍA Y A SU ASISTENTE

El jueves 4 de septiembre, cuando daban cumplimiento a diligencia ordenada por la fiscalía de Manta, el perito acreditado por la fiscalía Ronaldo Zavala y su asistente fueron retenidos por los paramilitares y forzados a entrar a un vehículo. La retención duro aproximadamente 2 horas y media. También hurtaron la cámara fotográfica del señor Ramón Cornejo, quien logró escapar de la retención. Posteriormente la cámara fue devuelta por la Policía, pero fue hurtada la memoria, que contenía gran cantidad de fotos de los hechos.

XIV. SAQUEO DE COSECHAS

Durante las dos semanas siguientes a las incursiones paramilitares de los días 21 y 22 de agosto el grupo paramilitar se ha dedicado a amedrentar a los pobladores y al hurto de las cosechas de maíz, fríjol, papaya, sandía, badea, entre otros. Cabe resaltar el hecho de que, debido a los últimos tres años de intensa sequía, el hurto de estas cosechas representa una pérdida incalculable para la comunidad rural de San Eloy. Así mismo herramientas de siembra y materiales de construcción han sido saqueados. Hasta el día de hoy los carros de la policía continúan apoyando las acciones del grupo irregular acampado en el predio del señor Fabián Maldonado.

XV. ACLARACIONES Y RECOMENDACIONES

La Corporación Derechos Humanos y Enseñanza Activa, LA DHEA, exhorta al Gobierno Ecuatoriano para que los hechos denunciados por la comunidad rural de San Eloy, Cantón Montecristi, Manabí sean investigados por los organismos del Estado competentes y que a la mayor brevedad posible sean tomadas las medidas necesarias con el fin de parar las agresiones contra la comunidad y que las personas amenazadas reciban protección por parte del Estado Ecuatoriano. La Corporación Derechos Humanos y Enseñanza Activa, LA DHEA, se permite aclarar que: Sin importar los resultados de los correspondientes peritajes y veredictos en cuanto a la delimitación de linderos, los abusos sufridos por la comunidad denunciante, que están sustentados por material fotográfico y videográfico, representan una grave violación a los Derechos Humanos y a las leyes del Ecuador. ANEXO: (Versión de los pobladores sobre el conflicto de tierras que afecta a la comunidad rural de San Eloy): En el año 1983 la comunidad presenta la primera demanda ante el IERAC, Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, en el marco de la Ley de Reforma Agraria. El 16 de enero de 1990 el IERAC declara sin titular de dominio al sitio San Eloy, Cantón Montecristi y dispone su adjudicación a la Asociación de Productores Agropecuarios Buena Fe, nombre jurídico de la comunidad. El 14 de Junio de 1994 se publica registro oficial con la Ley de Desarrollo Agrario, desapareciendo al IERAC y creando en su lugar al INDA, Instituto Nacional de Desarrollo Agrario. El mismo día de la desaparición del IERAC, le son adjudicadas a Wilson Arsenio Mollón Barsallo 167 hectáreas y es cambiado el nombre del sitio San Eloy por el de Bahía del Sol y Los Corrales. Para la comunidad denunciante, estas adjudicaciones hechas por el IERAC, cuando este ya no existía, de manera irregular y desapareciéndolos del mapa fueron arbitrarias. Sin embargo, desde el año 1998 los socios de la Asociación Buena Fe recibieron adjudicaciones individuales de sus tierras por medio del INDA, todas ubicadas en el sitio San Eloy. Reportaje dirigido por el enviado especial Nelson Ñustes, info@ladhea.org www.ladhea.org